Uno solo

SURda

 

 

Por Gastón Grisoni (*)

14. 05. 11

Hay sectores de la sociedad uruguaya que no quieren, sí o sí, anular la ley de caducidad. En primer lugar los involucrados, directa o indirectamente, en las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante el proceso cívico militar. Son ellos quienes han orquestado la actual movida psico-política, amplificada por los medios de comunicación y alimentada por quienes han puesto el acento en las imperfecciones técnicas de los instrumentos que se han manejado para desterrar del ordenamiento jurídico la abominable y maldita ley.

Cualquiera sea la fórmula jurídica que se maneje para que los responsables de los crímenes de Lesa Humanidad sean juzgados, será impugnada a través de todos los medios posibles a su disposición. Hablarán de caza de brujas y tendrán amplios editoriales de Búsqueda y de El país, con encumbrados juristas, fundamentando a su favor.

El objetivo es lograr la excarcelación de quienes ya están procesados, impedir que se avance en las nuevas causas que ya están siendo investigadas en base a las declaraciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, frenar las investigaciones previstas en base a la aplicación del Artículo 4º en numerosas causas. Se trata de evitar que las FFAA sean democratizadas a fondo expurgando de ellas a quienes estuvieron comprometidos con los delitos ya conocidos, impidiendo la apertura de nuevas investigaciones judiciales.

Anular la ley de caducidad, más allá de las presuntas y/o potenciales imperfecciones técnicas, será un gran golpe a la impunidad en el país. No será un costo sino una inversión productiva en la salud democrática del Uruguay. Permitirá herir de muerte a la doctrina de los dos demonios que sustentó la impunidad en el plano de las ideas como interpretación histórica del proceso que se vivió.

Como ya lo ha establecido la ley de reparación 19.596, desde el 13 de junio de 1968 en que Jorge Pacheco Areco estableció las Medidas Prontas de Seguridad para reprimir a los trabajadores, al movimiento estudiantil y a los sectores populares, cuando los grupos que hacían política con armas eran incipientes y con escasa incidencia en el escenario nacional, Uruguay comenzó a transitar un largo proceso, de reestructura económica, social y política que condujo al proceso cívico-militar y al terrorismo institucional desembozado.

El quiebre de las instituciones del 27 de junio de 1973 se produjo cuando las organizaciones que operaban políticamente con armas hacía muchos meses que se encontraban desarticuladas. En los campos de concentración ya había miles de uruguayas y de uruguayos procesados por tribunales militares, habiendo sido bárbaramente torturados en forma masiva y sistemática, sin ninguna garantía legal.

La eliminación de la ley de caducidad restablecerá el legítimo derecho de todas las víctimas de acceder a la verdad y a la justicia tal como lo consagra la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales y americanos. Al mismo tiempo, abrirá las puertas a romper el proyecto hegemónico de los sectores conservadores y afirmará potencialmente la verdad histórica. En Uruguay hubo un solo demonio: el Terrorismo de Estado.

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(*) Son opiniones de carácter personal que no representan, necesaria y forzosamente, en un ciento por ciento, ni comprometen, las del colectivo que en ocasiones suelo representar.